30 alertas de la Contraloría por presuntos sobrecostos de $34 mil millones en contratación del PAE durante la pandemia

El control y seguimiento realizado por la Contraloría General de la República a los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia ocasionada por la pandemia, permitió establecer 30 alertas por sobrecostos de $34.856 millones y da lugar a la apertura de 4 indagaciones preliminares por $6.074 millones. 

Los riesgos determinados por la Contraloría en esta etapa inicial, con corte al 15 de junio, proceden de la revisión y análisis realizados a 106 contratos a nivel nacional, por más de $570 mil millones, que tienen por objeto el suministro del Programa de Alimentación Escolar para niños, niñas y adolescentes inscritos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), pertenecientes a los centros educativos oficiales del país. 

Indagaciones Preliminares  

En el marco del control concomitante y preventivo que realiza la CGR, se dispuso el inicio de 4 Indagaciones Preliminares por presuntos sobrecostos que ascienden a $6.074 millones, que involucran la contratación en los municipios de:  

Chía, Cundinamarca ($3.771 millones); Medellín, Antioquia ($2.224 millones); Zipaquirá, Cundinamarca ($43 millones); y Arboletes, Antioquia ($34 millones). 

Alertas  

Las 30 alertas por posibles sobrecostos, halladas en contratos PAE que aún no se han cancelado en su totalidad, corresponden a $34.856 millones, sobre los cuales se realizarán acciones de control fiscal

Las alertas generadas son las siguientes: 

En 16 municipios del Departamento de Antioquia: 

Medellín ($11.246 millones), Bello ($924 millones), Rionegro ($839 millones), Turbo ($816 millones), Itagüí ($291 millones), Apartadó ($273 millones), El Bagre ($165 millones), Caucasia ($122 millones), Necoclí ($119 millones), La Ceja del Tambo ($118 millones), Remedios ($113 millones), Sabaneta ($108 millones), Chigorodó ($89 millones), Carepa ($86 millones), Dabeiba ($41 millones) y Arboletes ($31 millones). 

En Bolívar: contratación directa del Departamento ($9.128 millones) y del municipio Magangué ($621 millones). 

En Cundinamarca: contratación del Departamento ($2.474 millones) y de los municipios de Facatativá ($599 millones), Fusagasugá ($22 millones), Funza ($1.130 millones), Girardot ($37 millones) y Soacha ($765 millones). 

En Risaralda: contratación del Departamento ($944 millones) y de Pereira ($1.595 millones).  

En el Valle del Cauca: el Distrito de Buenaventura ($1.585 millones).  

Y en el Meta: el municipio de Villavicencio ($293 millones).  

Para la Contraloría, este panorama evidencia el riesgo al que está expuesto el PAE, dado que la eventual pérdida de estos recursos disminuiría el suministro del complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes, afectando el cumplimiento de los objetivos del programa.  

Contratación revisada      

El valor de la contratación del PAE revisada es de $570.267 millones, que incluye los municipios no certificados de: Arboletes, Carepa, Chigorodó, Yarumal, Dabeiba, El Bagre, La Ceja del Tambo, Necoclí, Remedios, Acandí, Atrato, Carmen de Darién, Bahía Solano, Condoto, Rio Quito, Tadó, Rio Sucio, Rio Iró e Istmina.   

Abarca también los Municipios y Distritos Certificados de Apartadó, Bello, Envigado, Itagüí, Medellín, Rionegro, Sabaneta, Turbo, Cartagena, Magangué, Quibdó, Bogotá, Facatativá, Fusagasugá, Funza, Girardot, Chía, Soacha, Zipaquirá, Villavicencio, Dosquebradas, Pereira, Buenaventura, Cali, Cartago, Guadalajara de Buga y Jamundí.