CRONOLOGÍA DE LA VERDAD
Para esclarecer el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal, el Estado llevó a cabo un proceso judicial que culminó el 8 de abril de 2001 con sentencia absolutoria de las personas que inicialmente fueron vinculadas como autores intelectuales y materiales.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, inconforme por la impunidad en que había quedado la muerte del periodista Nelson Carvajal, presentó el 21 de junio de 2002, denuncia formal contra el Estado Colombiano ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aduciendo que en la actuación judicial seguido por las autoridades colombianas, “no condujo a la identificación de eventuales responsables concluyendo con una sentencia absolutoria, actuación que conlleva una denegación de administración de justicia”.
La SIP ha venido sosteniendo que el Estado colombiano es responsable de la violación de los derechos a la vida, garantías judiciales, libertad de expresión y pensamiento y protección justicia.
El 13 de octubre de 2003 la CIDH con sede en Washington, declaró admisible la petición de la SIP y destacó que “la falta de investigación por parte del Estado Colombiano conlleva una situación de impunidad que podría tender a caracterizar una violación de los artículos 8 y 25, así como en incumplimiento de la obligación de garantía prevista en el artículo 1 de la Convención Americana, instrumento ratificado por Colombia,”.
En consecuencia, y después de varios trámites, la CIDH convocó a las partes, SIP y al Gobierno Colombiano, a reunión de trabajo la cual tuvo lugar el 19 de octubre de 2005, en la cual estas aceptaron la recomendación del Organismo Internacional de llegar a una “solución amistosa” para resolver el caso del asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal, con el fin de permitir una resolución pronta y efectiva para la búsqueda de justicia.
Fue constituido un equipo de trabajo conjunto para establecer un acuerdo marco, una agenda y calendario de prioridades y actividades.
A raíz de dicho acuerdo, el Gobierno Colombiano aceptó la reapertura del caso del asesinato del periodista y educador huilense Nelson Carvajal Carvajal, reasignándole la investigación a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, organismo que en la actualidad ha venido adelantando los trámites de rigor para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los autores materiales e intelectuales.
Se conformó una comisión de seguimiento, de la cual la SIP hace parte y está pendiente de todas y cada una de las actuaciones del Gobierno Colombiano para la búsqueda de la verdad.
“Desconozco por completo en qué estado se encuentra el nuevo proceso judicial. Se que se está luchando contra el peor enemigo de cualquier investigación como lo es el paso del tiempo, pero quiero creer, tener fe y esperanza en la justicia colombiana, para que algún día nos digan. Quiénes y por qué asesinaron a mi hermano”, agregó la abogada Miriam Carvajal, hermana del inmolado comunicador.
Su familia a sufrido desde entonces una presión de persecución por parte de personas cuya identidad se desconoce, lo que obligó a tres de sus hermanos y a la esposa y las dos hijas el periodista Nelson Carvajal, a abandonar el país, debiendo solicitar protección de gobiernos extranjeros.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, inconforme por la impunidad en que había quedado la muerte del periodista Nelson Carvajal, presentó el 21 de junio de 2002, denuncia formal contra el Estado Colombiano ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aduciendo que en la actuación judicial seguido por las autoridades colombianas, “no condujo a la identificación de eventuales responsables concluyendo con una sentencia absolutoria, actuación que conlleva una denegación de administración de justicia”.
La SIP ha venido sosteniendo que el Estado colombiano es responsable de la violación de los derechos a la vida, garantías judiciales, libertad de expresión y pensamiento y protección justicia.
El 13 de octubre de 2003 la CIDH con sede en Washington, declaró admisible la petición de la SIP y destacó que “la falta de investigación por parte del Estado Colombiano conlleva una situación de impunidad que podría tender a caracterizar una violación de los artículos 8 y 25, así como en incumplimiento de la obligación de garantía prevista en el artículo 1 de la Convención Americana, instrumento ratificado por Colombia,”.
En consecuencia, y después de varios trámites, la CIDH convocó a las partes, SIP y al Gobierno Colombiano, a reunión de trabajo la cual tuvo lugar el 19 de octubre de 2005, en la cual estas aceptaron la recomendación del Organismo Internacional de llegar a una “solución amistosa” para resolver el caso del asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal, con el fin de permitir una resolución pronta y efectiva para la búsqueda de justicia.
Fue constituido un equipo de trabajo conjunto para establecer un acuerdo marco, una agenda y calendario de prioridades y actividades.
A raíz de dicho acuerdo, el Gobierno Colombiano aceptó la reapertura del caso del asesinato del periodista y educador huilense Nelson Carvajal Carvajal, reasignándole la investigación a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, organismo que en la actualidad ha venido adelantando los trámites de rigor para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de los autores materiales e intelectuales.
Se conformó una comisión de seguimiento, de la cual la SIP hace parte y está pendiente de todas y cada una de las actuaciones del Gobierno Colombiano para la búsqueda de la verdad.
“Desconozco por completo en qué estado se encuentra el nuevo proceso judicial. Se que se está luchando contra el peor enemigo de cualquier investigación como lo es el paso del tiempo, pero quiero creer, tener fe y esperanza en la justicia colombiana, para que algún día nos digan. Quiénes y por qué asesinaron a mi hermano”, agregó la abogada Miriam Carvajal, hermana del inmolado comunicador.
Su familia a sufrido desde entonces una presión de persecución por parte de personas cuya identidad se desconoce, lo que obligó a tres de sus hermanos y a la esposa y las dos hijas el periodista Nelson Carvajal, a abandonar el país, debiendo solicitar protección de gobiernos extranjeros.
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