Egidio Cuadrado, aunque ya falleció, es el acordeonero más exitoso en la historia reciente de Colombia, no solo por haber obtenido dos coronas del festival vallenato.
Fue Rey aficionado en 1973 y Rey Vallenato Profesional en 1985, los galardones más codiciados para los cultores de este género musical.
El vallenato tradicional es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad reconocido por la UNESCO y Egidio fue alma y vida de la “La Provincia”, la agrupación que lo dio a conocer en el mundo entero.
“La provincia” acompañó al famoso Carlos Vives dentro y fuera del país y hoy día hay discusiones legales y públicas entre Vives y los herederos de Egidio Cuadrado en torno a los contratos y regalías históricos”.
Vives, en las entrevistas dice maravillas, hasta en sus boletines de prensa, aunque en la vida real, no todo parece ser color de rosa.
¿Quién podría creer que luego de tantas glorias e imagen a Colombia, la suerte de la familia de Egidio no se traduzca en bienestar luego de su muerte, por la “inseguridad social” de los colombianos?
El hombre que ganó varios Grammys, el Billboard Latin Music Awards, discos de oro y unos ochenta o cien premios durante su carrera musical en Estados Unidos, Europa y en otros continentes, tiene hoy a su familia subastando su acordeón para seguir viviendo.
Ahora, “Tras su muerte, su familia enfrenta dificultades económicas y busca apoyar a Fanny Maldonado, su compañera, mediante la subasta de uno de sus acordeones”.
Katherine Arias, su hija “los problemas de salud afectaron los ahorros familiares y algunas regalías siguen atrapadas en trámites administrativos”.
No hay duda de muchas ofertas, pero la pregunta es: ¿Cómo la familia de un artista de este nivel, de quien cargó el vallenato por el mundo, puede terminar subastando su acordeón para sobrevivir?
La Ley 23 del 82, sobre derechos de autor, posiblemente interprete el espíritu del legislador sobre los derechos conexos de los intérpretes, de los productores y a las emisoras, a los del autor.
Sin embargo, el drama de la familia de Egidio Cuadrado desdibuja la eficacia de esa Ley y es un retrato hablado de la grave situación que viven todos los días muchos artistas en nuestro país.
Se pide un gran debate nacional y regional para que se investigue si estos recursos realmente cumplen la finalidad de seguridad y bienestar para los compositores y sus familias.
El ministro del Interior de entonces, Germán Vargas Lleras, pidió a la Dirección de Derechos de Autor adelantar una investigación de oficio para comprobar si existían irregularidades, pero no se hizo nada.
Sayco le cobra a todo el mundo, si se deja, a establecimientos abiertos al público, a los ocasionales espectáculos nacionales e internacionales los derechos de comunicación de la música fonográfica.
Inclusive hasta una tienda por solo tener desde un pequeño receptor de televisión, sonido o radio.
Sayco se parece a la DIAN, aunque no es gobierno, utiliza medidas coercitivas, no deja que se haga un espectáculo sino cancelan antes, coactivas de forzoso cumplimiento para obligar el pago.
Increíble, pese a ser una entidad gestora particular posee la facultad para cobrar esos recursos mediante normas penales, de acuerdo con el artículo 271 de C. Penal, que fija penas de prisión para quienes incurran en la defraudación de los derechos patrimoniales de autor.
O sea, que, si un humilde zapatero escucha su radio para entretenerse mientras trabaja y no paga Sayco Acinpro, se puede ser sancionado civil y penalmente.
Sayco Acinpro, son entidades sin ánimo de lucro, permitidas por la ley, recaudan recursos a montones para fomentar la cultura musical y el trabajo creador de los compositores, pero no se ve.
¿Por qué escuchamos tantas críticas cuyas denuncias no prosperan?
Estas entidades sí pueden perder su personería jurídica. Ojalá no se trate de otro gran escándalo, muy común en nuestro país, porque sería desastroso.
Necesario que haya claridad frente a este espinoso tema, porque punzantes críticas si existen y bastantes, aunque hay artistas que defienden a Sayco, porque pertenecen a la rosca.
Los recaudos Sayco no son impuestos, ni parafiscales, ni una renta estatal, pero tienen esa característica, son extraídos de forma obligatoria al comercio por particulares.
Según la Ley para ser invertidos entre los autores, con exclusión del resto de la sociedad, inclusive está protegido mediante el artículo 341 del Acuerdo de Cartagena.
Es decir, como son autorizados por la ley, son dineros públicos autorizados por la ley que obliga a la Contraloría General de la República, inclusive a la misma procuraduría a investigar el destino que se les está dando.
Los creadores y ejecutantes de los musicales si no tienen una actividad principal para generar recursos, deben deambular por las calles buscando algo para sostener a su familia, y esperando la ayuda de amigos y antiguos admiradores de su noble trabajo.
En los semáforos y restaurantes se ven por decenas.
Mientras las críticas arrecian contra quienes han dirigido a Sayco y Acinpro, porque a ellos si les llega cumplidamente el cheque correspondiente a sus derechos.
Por su parte los empresarios, propietarios de bares, cantinas, discotecas, clubes, tiendas, restaurantes y hasta venta de cachivaches, deben pagar Sayco, un requisito esencial para que les expidan su licencia de funcionamiento.
Es verdad, debe diseñarse un nuevo modelo de protección a la propiedad intelectual para evitar que las camarillas no se apropien de los recursos en detrimento de sus reales propietarios.